La mirada de Antonia Berríos, Abogada de ONG Fima, sobre la propuesta constitucional

Ad portas del plebiscito de salida del proceso constituyente, en que el país tendrá que decidir si aprobará o no una nueva constitución,  decidimos preguntarnos qué necesitamos para convertirnos en un país ecológico. ¿Es esta una constitución ecológica? ¿Cómo nos ayuda para enfrentar de mejor manera la crisis ambiental que estamos viviendo a  nivel mundial? En esta nueva ocasión conversamos con Antonia Berríos, abogada de ONG Fima y experta en Derecho Ambiental, quien nos compartió su visión sobre esta propuesta constituyente.

¿Es esta propuesta de constitución una constitución ecológica? ¿Con qué cumplió o qué le faltó?

Para mi esta constitución es una constitución que tiene en su centro el equilibrio entre las personas y su entorno. Eso para mi se refleja en una primera gran cosa: el reconocimiento de una justicia intergeneracional, es decir, que el medio ambiente y los recursos que entrega no solamente existen para nosotros, sino también, para las generaciones del futuro. 

Creo que concreta derechos fundamentales ambientales pues evoluciona de una visión restringida, la de un derecho al medio ambiente no contaminado, a una versión realista del derecho a un medio ambiente sano. 

Por muchos años, reducir el medio ambiente a la falta de contaminación nos dejó con ecosistemas dañados que aunque no estén contaminados, amenazan el derecho y el disfrute de la vida de las personas y el desarrollo de actividades económicas.

En cuanto a lo que le falta, más que eso, me preocupa la forma de cómo vamos a operativizar muchas decisiones, que son muy positivas, pero que van a tener una discusión larga en el congreso, un presupuesto del que van a tener que gozar y eso creo que va a ser algo complejo de lograr o que va  a demorar un tiempo. 

¿Se puede comparar a los estándares que tienen constituciones en otras partes del mundo? 

Esta constitución se acerca a la definición de desarrollo sostenible. Eso significa que equilibra toda la actividad productiva con esa conservación de los ecosistemas. No todas las constituciones consagran este principio. 

En los países OCDE no se tiene el nivel de destrucción de ecosistemas que tiene Chile, de erosión de suelos y deforestación para actividades productivas. Entonces se convierte en una necesidad consagrar constitucionalmente poder tener un desarrollo que no signifique la depredación de la naturaleza. Esto se acerca a lo que mundialmente se hace en la práctica. 

«Creo que concreta derechos fundamentales ambientales pues evoluciona de una visión restringida, la de un derecho al medio ambiente no contaminado, a una versión realista del derecho a un medio ambiente sano».

Por ejemplo, la consagración del derecho al agua, es un principio que nuestra constitución actual no la tiene, por el contrario, la regulación que se estableció para moderar el acceso al agua en realidad obstruye esa posibilidad, entregando esa regulación a las reglas de un mercado que no tiene el límite de proveer de agua para satisfacer derechos humanos. Eso es un gran avance ya que su consagración va a significar varios cambios y ajustes a la forma en que tenemos distribuída el agua.

¿Hay alguna norma en particular más problemática de aplicar?

Jurídicamente se va a dar un desarrollo interesante y prolífico sobre el concepto de derechos de la naturaleza. Desde el punto de vista legal este es un concepto que es relativamente reciente, y en nuestra tradición jurídica no tiene mucho desarrollo, entonces creo que va a signar debate positivo su aplicación.

Esto es lo más novedoso para la institucionalidad chilena, pese a que no es muy distinto a cómo en Chile concebimos la naturaleza, las visiones indígenas del territorio si los reconocen hace tiempo, y la visión occidental en muchos casos también. El derecho de la naturaleza a existir, a no ser dañada injustamente, a regenerarse cuando es dañada son cosas que están en el inconsciente colectivo. Su consagración sólo significa darle un nombre a algo que ya existe, pero de todos modos se abrirá un nuevo debate sobre qué alcances concretos tendrán esos derechos en la práctica. 

¿Es la protección de la naturaleza un obstáculo para el desarrollo económico?

Por muchos años se intentó posicionar que la protección de la naturaleza era contraria al desarrollo sostenible. El hecho que hoy día estemos viendo una crisis ecológica da cuenta que ese desarrollo no se ha hecho de la forma correcta, porque no se han contemplado las herramientas ni los límites para asegurar su sostenibilidad en el tiempo. 

A la pregunta mi respuesta es: no, por el contrario, la protección de la naturaleza debe ser un aporte al desarrollo y debe ser para que ese desarrollo sea justo, equitativo y sostenible en el tiempo.

Si yo desarrollo un proyecto determinado sin hacerme cargo de los costos ambientales de mi actividad eso significa aprovecharse de que otros paguen esos costos, ya sea hoy o en el futuro, y obteniendo hoy una ventaja injusta porque los efectos ambientales de las actividades existen. Lo importante es que tengamos reglas para que estos costos se internalicen al tiempo que corresponda y en las actividades que corresponda.

 Muchos de los artículos se pueden entender como una radicalización al ambientalismo, pero hay que tener en consideración que son principios sobre los cuales legislar, no son leyes a rajatabla, y es importante que entendamos que la crisis hoy día existe, hoy día hay un crisis ecológica: se están extinguiendo especies, los climas están cambiando, el suelo está erosionado. Estamos a punto de empezar a ver de forma más concreta los efectos de haber intervenido sin ninguna regulación.

 ¿Da la constitución un puntapié para cambiar, reformular o potenciar nuevas perspectivas en torno a la conciencia ambiental?

Es un paso hacia adelante para cambiar la ruta que hemos venido siguiendo hasta ahora. Este camino nos tiene en una situación en que personas que no reciben los beneficios pero si reciben los costos ambientales de la industrias. Por ejemplo, una ruta que nos ha llevado a humedales costeros que fueron rellenados para construir edificios y que hoy en día se generan inundaciones y no se pueden mitigar marejadas, eso además significa altos costos económicos posteriores que son mayores a la ganancia que se pudo haber obtenido con ese desarrollo.

 ¿Nos deja bien parados para enfrentar la crisis climática?

Esta constitución a diferencia de la actual nos permite enfrentar la crisis climática pues otorga amplias facultades a las instituciones para hacerse cargo, pues los efectos de la crisis climática son hasta ahora más bien desconocidos. Estamos cada  año teniendo información de parte del IPCC, por ejemplo, pero son tan amplios los factores y es tan dinámico que no somos conscientes de cómo se va a manifestar en cada territorio este cambio en el clima. A diferencia de la constitución del 80, la propuesta nueva  entrega herramientas y establece como principio reconocer que vivimos en esta crisis, eso nos ofrece la certeza de que vamos a poder adaptarnos a estas nuevas condiciones a futuro

¿Hay algo más que quisieras destacar del nuevo texto?

Sí, la forma de estado regional va a permitir tomar decisiones  pertinentes territorialmente, y se adaptaran a la realidad de cada región. Siendo este un país tan largo, es importante que estas características se recojan en las decisiones que se tomen.Regionalizar el país va a permitir que sean mucho más democráticas y eficientes. Esta propuesta de constitución está atravesada por un principio participativo y en materia ambiental la participación ciudadana es crucial porque permite al tomador de decisiones tener mucha más información de la que puede tener solo por su cuenta. Si participan quienes viven en los territorios tendremos noción de primera fuente de quienes viven allí, y porque es justo y necesario que quienes van a sufrir los efectos de esa decisión puedan participar de ella, lo cual legitima las decisiones que se toman.

Yo creo que esas reglas de participación hace que este proyecto de constitución más allá de lo ambiental, disminuya la corrupción, disminuya la entrega de decisiones a una clase política que permitimos por tanto tiempo que decidieran a favor de unos pocos intereses. Creo que es muy rescatable y a mi me da mucha esperanza cómo esta propuesta confía en la participación a través de órganos autónomos que aumentan la participación de distintos actores de forma descentralizada, quienes hasta hoy no han estado en esas discusiones son los más perjudicados por estas mismas decisiones.