Las irregularidades del proyecto inmobiliario que amenaza al Santuario de la Naturaleza Arcos de Calán

En la costa de la Región del Maule, cerca del Santuario de la Naturaleza Arcos de Calán, un complejo conflicto ha expuesto vacíos legales en torno a la parcelación y venta de terrenos en zonas rurales, así como las grietas en la regulación de la construcción y la protección de los  defensores ambientales en Chile.

La controversia comenzó en 2020 con el proyecto de la inmobiliaria Costa Calán, que planeaba desarrollar un loteo de más de 40 parcelas en una zona de alta sensibilidad ecológica que recientemente había sido declarado Santuario de la Naturaleza. Desde el principio, el Comité Ambiental Comunal de Pelluhue (CAC) se opuso a la propuesta, alertando sobre los posibles impactos negativos en los ecosistemas locales.  La venta de estos terrenos, cada uno a un precio de aproximadamente 1.300 UF, se realizó sin los permisos de edificación necesarios, lo que desencadenó una serie de conflictos legales.

La adquisición de loteos sin permisos no solo dejó a los compradores en una situación incierta, sino que también generó gran preocupación entre defensores del medio ambiente y autoridades locales. Camila Monti, protagonista del quinto capítulo de la serie documental «Defensoras de la Tierra», coproducción de Cubho Audiovisual y Austera Society, destacó el aumento de la población y la presión ambiental derivada de estos proyectos inmobiliarios: «Esto entra en un vacío legal. El problema ya no es de la inmobiliaria porque solo vendieron terrenos; aunque tenían un proyecto, no se hacen cargo. Ahora, quienes compraron terrenos y quieren construir una casa enfrentan el problema de que la municipalidad no está otorgando permisos de edificación», comentó Monti.

By: Pablo Rojas

Esto ocurrió en 2024 luego de que la Seremi de Vivienda del Maule presentara una querella contra Costa Calán por infracción a la Ley de Urbanismo y Construcción. La empresa estaba construyendo en una zona fuera del plan regulador, lo que requería servicios adicionales como luz, agua y alcantarillado, un costo que muchos proyectos de loteos y parcelas no suelen asumir. La multa impuesta a Costa Calán, aunque significativa, no resolvió el problema de fondo debido al alto valor de los terrenos vendidos y la complejidad de la situación legal, pues la empresa aún no se hace responsable.

Como recalcó Monti, a nivel municipal, se detuvieron los permisos de construcción, dejando a los propietarios de terrenos en una situación complicada. «Dentro de los antecedentes que pudimos reunir, hay dos paralizaciones de construcciones. Si vas, no hay nada construido porque no se puede construir ahí, y esto casi constituye un delito de estafa. Vendieron terrenos que no se pueden construir», comentó Tamara Navia abogada de ONG Fima.

El CAC ha sido fundamental en visibilizar esta problemática, que afecta tanto a las personas como a los ecosistemas. A esto se agrega la falta de un plan de manejo para el Santuario de la Naturaleza Arcos de Calán ha limitado las posibilidades de una intervención efectiva en la protección del área. «Estamos a la espera de su aprobación, lo cual es urgente porque sin el plan de manejo no podemos hacer nada: ni poner letreros, ni construir senderos, ni realizar estudios. Es algo muy necesario para proteger el sector», concluyó la activista.

By: Aqua.

El caso de las Demandas Estratégicas Contra la Participación Pública (SLAPP, en inglés)

Rodrigo de la O, representante de la ONG Vigilante Costero, se ha convertido en una figura clave en este conflicto. Su oposición al proyecto inmobiliario y su defensa del medio ambiente lo llevaron a enfrentar una demanda de Costa Calán por más de $200 millones, alegando daños a su imagen y económicos. Sin embargo, la demanda fue retirada por parte de la inmobiliaria  dos días antes del cierre del período probatorio, lo que sugiere una posible estrategia para silenciar a los defensores ambientales, como afectó durante años a De la O.

En el caso concreto de Rodrigo, la sentencia del juzgado de Chanco condenó a Costa Calán al pago de costas, cubriendo gastos del juicio como honorarios de abogados y notificaciones. «Es un tema más simbólico; la mejor opción era que se absolviera a Rodrigo, no que pagara la inmobiliaria. Fue un giro inesperado y positivo en ese sentido», comentó la abogada. La resolución del caso ha sido un hito en la lucha contra las SLAPP, que buscan desalentar la participación ciudadana y la defensa ambiental.

Navia destacó que, aunque la resolución no puso en relieve la protección a los activistas ambientales, sí desacreditó estas prácticas de intimidación. «Es urgente proteger a quienes enfrentan tácticas intimidatorias y garantizar la participación pública en la toma de decisiones ambientales», afirmó. Según enfatiza, aún falta mucho para que los tribunales, especialmente los más pequeños, protejan adecuadamente a los defensores ambientales. «El acuerdo de Escazú establece la obligación de proteger a los activistas ambientales en todos los ámbitos del Estado. Los tribunales, como uno de los poderes del Estado, tienen esta responsabilidad desde el principio», complementa la abogada.

El caso de Arcos de Calán revela las profundas dificultades que enfrenta Chile en la regulación del desarrollo inmobiliario y la protección ambiental. La falta de permisos, la gestión errática de las autoridades y el uso de tácticas legales para silenciar a los defensores ambientales son desafíos que requieren atención urgente. La experiencia con Arcos de Calán subraya la necesidad de una evaluación más rigurosa y una regulación efectiva para evitar futuros conflictos. La comunidad y las organizaciones ambientales continúan luchando por la protección de su entorno natural, en que la preservación de la biodiversidad y la justicia ambiental sean siendo prioridades cruciales.Te invitamos a conocer más de este caso en el capítulo 5 de Defensoras de la Tierra.