Todo lo que debemos saber del Impuesto Verde en Chile explicado por Nicolás Conejero, fundador de Emisión Zero

Son décadas de conversaciones y reflexiones profundas en torno a las mitigaciones del cambio climático en todo el globo, y Chile no queda exento de ello. Se ha constituido como el primer país de América Latina en establecer un impuesto a las emisiones de CO2, y el segundo en el mundo en instaurar un impuesto asociado a la contaminación atmosférica local. Esta medida tributaria busca desincentivar actividades generan impacto negativo en el medioambiente, afectando a las fuentes fijas que utilicen combustión para operar.

Es por ello que existen sistemas como el que ofrece Emisión Zero, quienes entran a cubrir esa necesidad mediante la mejor tecnología posible: “Somos una empresa que permite gestionar la huella de carbono en sus 3 alcances, ocupando analítica y un software capacitado para la tarea, siendo capaz de interpretar la información que todas las empresas ya poseen que es del Servicio de Impuestos Interno y traspasarla a a cálculos concretos de  la medición de la huella de carbono”, mencionó Nicolás Conejero, fundador de Emisión Zero.

Emisión Zero llega a revolucionar el mercado en 2023 con su sistema de analíticas para democratizar el acceso para que las empresas de todos tamaños puedan medir la huella de carbono de una manera más sencilla, automatizando los cálculos: “Tecnológicamente, lo que nosotros hacemos es bien disruptivo, porque ocupamos la información que las empresas ya tienen, que es del SII, y en cuestión de minutos, una empresa que nunca ha medido la huella de carbono, puede estar haciéndolo con datos auditables”, señaló Conejero.

Miden y gestionan la huella de carbono en sus tres alcances para lograr la gobernanza ambiental y que las empresas transiten a la carbono neutralidad: Emisiones directas (Alcance 1), emisiones indirectas por consumo y distribución de energía (Alcance 2) y otras emisiones indirectas (Alcance 3).

Nicolás Conejero, fundador Emision Zero.

La ley se promulgó el 2 de noviembre de 2022 y se publicó el 31 de enero de 2023, detallando los siguientes requerimientos:

“El Ministerio del Medio Ambiente aprueba el reglamento que fija las obligaciones y procedimientos relativos a la identificación de los contribuyentes afectos, y que establece los procedimientos administrativos necesarios para la aplicación del impuesto que grava las emisiones al aire del material particulado, óxidos de nitrógeno, dióxido de azufre y dióxido de carbono conforme lo dispuesto en el Artículo 8º de la ley Nº 20.780, modificado por la ley Nº 21.210”.

En simples términos, la Ley 20.780 modifica el impuesto tributario que existe para las empresas, haciéndolo más exigente y ampliándolo a las que tengan emisiones de fuentes fijas que emiten contaminantes sobre 25.000 toneladas de CO2. Equivalente a ello, deberán pagar un impuesto verde de $US 5 por tonelada de CO2 equivalente. Hoy en día, la medición de la huella de carbono es un desafío para la mayor cantidad de las compañías, porque son muy pocas las que miden y gestionan sus emisiones.

“Es de común conocimiento a nivel internacional que cuando se aplica un impuesto verde, las empresas están obligadas a mejorar los procesos para evitar pagarlo. En el fondo, simplemente tienen que disminuir el beneficio económico para que las empresas no piensen que pueden contaminar lo que quieran, porque no es así”, sostuvo Nicolás Conejero, fundador de Emisión Zero. 

Es importante comprender que el cambio climático tiene un efecto directo en países grandes y pequeños, y la Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha tenido la iniciativa de mitigar, resolver y coordinar las medidas. En 1994, Chile formó parte de la firma del Protocolo de Kioto, que estableció que todos los países industrializados se comprometieron a reducir los gases de efecto invernadero.

Al hablar de calentamiento global, se habla del CO2. No obstante, también es de común conocimiento que existen otros gases que provocan el efecto invernadero en la atmósfera, aumentando las temperaturas del planeta. Entonces, en 2022 se firmó el acuerdo donde los países se comprometieron a tener cuotas y mitigar los gases de efecto invernadero.

En 2010 se creó el Ministerio de Medio Ambiente en el caso de Chile, lo que fue un hito histórico para el país, ya que se le dieron atribuciones a la organización para gestionar los cambios correspondientes. Cinco años después se ratificó el acuerdo y lo hizo más exigente, debido al contexto medioambiental en el que el mundo se encontraba en aquel entonces, que lamentablemente, el calentamiento global ha ido aumentando con el paso de los años. 

En 2017, Chile ratificó el compromiso e ingresó al Congreso la primera ley que trata parte de la problemática en general, la Ley de Marco de Cambio Climático (21.455) que se publicó en 2022. Básicamente, reconoce que el país se compromete a ser carbono neutral – compensará con lo que absorbe natural y proporcionalmente- para 2050, y que hará todo lo posible por mitigar los gases de efecto invernadero. “Esta ley permite que empiecen a ver todas las cosas que estamos viendo ahora, como, por ejemplo, el Impuesto Verde. Esa ley es la base”, afirmó Conejero.

En el mundo hay diversos objetivos multisectoriales, y uno de ellos es el Impuesto Verde, donde América Latina se ha ido integrando lentamente hacia el avance de políticas públicas, replicándolas e imitándoles de países más desarrollados que ya tienen una trayectoria en el tema. El sentido de toda la agenda legislativa enfocada en esta problemática, es que empresas grandes tengan una contraparte económica para regular sus emisiones de CO2 y que eso no siga afectando al medioambiente en sí mismo, y a todas las especies que habitan en él.